Presentación

Prestar socorro a los ciudadanos/as que se encuentran en riesgo por el desencadenamiento de situaciones de emergencia de todo tipo es un deber y una obligación de todos, y especialmente de las administraciones públicas.

Esta Presidencia ha tenido siempre una especial sensibilidad en esta materia. Por ello siempre ha prestado su asistencia y colaboración a los Ayuntamientos de la provincia para atender a las emergencias que se producen periódicamente en sus municipios.

Pero, siendo conscientes de que los esfuerzos en este ámbito han de ser especiales, La Diputación realizó un considerable esfuerzo y puso en marcha el Primer Plan Director de Bomberos de la Provincia de Sevilla, que, aprobado en el año 2005, ha mantenido su vigencia hasta el año 2013, y ha supuesto el Plan más ambicioso desarrollado en esta materia en toda la Comunidad Autónoma, con sus más de 50 millones de euros invertidos en recursos y subvenciones.

Pese a todo lo realizado, desde la Diputación no nos conformamos, queremos seguir apostando por la seguridad de nuestros ciudadanos/as. Por eso, en este momento, estamos abordando los trabajos necesarios para aprobar el Segundo Plan Director de Bomberos de la Provincia de Sevilla, que venga a consolidar lo iniciado en el año 2005, adecuando los servicios a la nueva realidad local surgida de la LRSAL y a las exigencias técnicas y operativas que proponen los mandos y técnicos del sistema para conseguir las máximas dosis de eficacia y eficiencia.

El sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla debe entenderse como el conjunto de medios estructurados para la acción en el campo de la protección de las personas y la defensa de los bienes afectados por un siniestro, y su finalidad es conseguir el salvamento de las personas y los bienes ante cualquier tipo de emergencia.

Y es en ese marco en el que la Diputación de Sevilla acomete su sólido compromiso con el sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, su sólido compromiso con la seguridad de la provincia; su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a mejorar las dotaciones existentes y a fomentar la conciencia ciudadana en la autoprotección y la prevención; su compromiso firme, en definitiva, con la creación de sistemas eficaces que garanticen servicios públicos de calidad.